Las necesidades no son derechos

El alcalde de Medellín dijo esta semana que el ahorro de agua no fue suficiente y que tocaba implementar unos cortes programados. A ese anuncio, yo dije en la red X que el precio regulado del agua no permitía reflejar bien la escasez que tenemos. Y si un recurso escaso no puede encarecerse en tiempo real para incentivar el ahorro, la señal de escasez no le llega al consumidor. Y como el precio no puede hacer ese trabajo, le toca ahora al Estado hacerlo con restricciones, horarios y cortes. Y finalmente rematé diciendo que la escasez siempre se paga y la diferencia es si la pagamos vía precios o vía racionamiento.

La respuesta a este post no fue un contraargumento sobre tarifas, incentivos o consumo. Algunos pocos entendieron el argumento económico, pero muchos tildaron el trino de cruel, de inhumano y de querer dejar a los pobres sin agua. Es el viejo truco de convertir una discusión sobre incentivos en una discusión sobre indignación. Lo que de verdad me sorprendió fue otra cosa, y es el nivel de confusión que quedó al descubierto. Por más que decretemos el agua como derecho vital, a la realidad eso le importa poco. La escasez va a seguir ahí y va a empeorar.

Lo que hay detrás de esas respuestas no es mala fe. Es un sancocho mental en el que se echan a la misma olla la pobreza, la necesidad, los derechos y la libertad, y se revuelve hasta que se mezclan todos esos sabores y se hace imposible discernir qué es qué. Y ese sancocho mental sirve para justificar que el Estado le quite a unos para decidir por todos.

Choque de visiones

O el Estado se obliga a darnos o el Estado se obliga a no quitarnos. ¿De qué lado estamos? Los que creemos en lo segundo somos los llamados a dar la famosa batalla cultural por la libertad. Para la visión liberal que defiendo, un derecho genuino protege al individuo frente a la agresión de terceros, incluido el Estado. Y por ello, un derecho genuino como la vida, la propiedad o la libertad, es siempre negativo. Nadie tiene el derecho a quitarme lo mío.

La otra cosmovisión, la mainstream si se quiere, requiere una justificación bastante más elaborada. Es la misma que defiende el Estado social de derecho colombiano, donde a los derechos negativos se sumaron derechos prestacionales que obligan al Estado a proveer. Esa cosmovisión requirió décadas de justificaciones, todas soportadas en bibliotecas enteras, tratados, cumbres, prensa, activistas, constituciones y un permanente masaje al lenguaje para explicarnos que toda necesidad se llama derecho y que la coacción estatal es solidaridad. La famosa frase atribuida a Evita Perón lo dice todo: “donde existe una necesidad nace un derecho”. Para llegar a eso, la justificación colectivista se construyó secuencialmente en tres brillantes movimientos:

• Necesito algo, luego tengo derecho a que me lo den. Eso lo bautizaron justicia social, su famosa doctrina.

• Para que haya justicia, el Estado tiene que intervenir. Y no reparte de lo suyo, porque el Estado no tiene bolsillo propio, simplemente reparte lo que antes cobró.

• El Estado le quita a otro para repartir, y a eso lo llaman solidaridad.

Esa secuencia tomó más de un siglo para convertirse en el paradigma reinante. Y fue tan exitoso, que hasta el lenguaje cedió. En cien años de trabajo el verbo quitar tomó el significado del verbo dar. Golazo semántico que aceptamos sin chistar.

La batalla cultural

Como siempre, hay que empezar por el lenguaje. El Estado no da nada. El Estado lo quita, y a la fuerza. Y esa no es una precisión menor, es ahí donde la realidad se impone.

Así como no podemos negar la gravedad o el magnetismo, tampoco podemos negar la economía. Y sabemos que la economía es la disciplina que estudia la escasez. Las necesidades y aspiraciones humanas crecen en cada generación. Hace trescientos años, buena parte de las necesidades materiales que hoy consideramos básicas ni siquiera existían como posibilidad. Hoy esas necesidades incluyen conectividad, educación, pensiones, salud, vivienda, vestuario, electricidad, entre muchas otras cosas más. Y en cincuenta años hacia el futuro, nos dirán que el viaje interestelar y los robots serán necesarios para dignificar a la persona. Mientras las necesidades suben por ascensor, los recursos para satisfacerlas van por la escalera. Es ahí donde la realidad se impone y donde se les desarma la lógica de su argumento.

Sin embargo, no podemos pecar de ingenuos. A los colectivistas les importa poco la realidad, y mucho menos la lógica. Ante el argumento del ascensor y la escalera nos van a decir que hablamos desde el privilegio. Y responderemos diciendo que el Estado no tiene el derecho legítimo a quitarle a la fuerza a alguien. Y ellos dirán que la propiedad también es una construcción social, porque nadie se hizo rico solo, que el Estado le puso las carreteras y la seguridad, y que por lo tanto lo suyo nunca fue enteramente suyo. Y responderemos que sí, que usamos las carreteras, y que precisamente por eso las pagamos con impuestos que ya nos cobraron a la fuerza. Y así, hasta que nos duren las ganas de seguir hablando.

Y aunque la diatriba anterior suene inocua y desgastante, en realidad no lo es. No olvidemos que a los de la tribu colectivista no los vamos a convencer nunca, pero eso no importa. Nosotros no les hablamos a ellos, les hablamos a los que nos están viendo. Y esos espectadores sí viven en la realidad y la sensatez. Y son esas personas, las que habitan el planeta del sentido común, las que entienden que el verbo quitar no es lo mismo que el verbo dar. Los mismos que ya entienden que el Estado NO somos todos y que las necesidades NO son derechos. Y así seguiremos hablando, paso a paso.

El derecho al agua es en realidad el derecho a la sed

Comencé este escrito con el racionamiento en Medellín. Terminemos a 700 kilómetros de allí. Esta semana tuve la fortuna de visitar a Buenavista, un pueblo de palafitos en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Las casas están sobre el agua, literalmente parecen flotar sobre ella. Y ahí no hay agua potable. Llega en lancha y me dijeron que la venden en bolsas grandes, actualmente a 375 pesos el litro, con una calidad que nadie certifica. Y no sorprenden las historias que escuché sobre enfermedades gastrointestinales y problemas recurrentes de deshidratación entre sus pobladores.

En Medellín, el cargo por consumo de acueducto para un hogar de estrato uno es inferior a $2.000 por metro cúbico*, es decir dos pesos el litro. Si excede cierto volumen por conexión, se sube a cinco pesos. En el estrato seis, ese cargo por consumo es de menos de 9 pesos por litro. Pobre, rico o clase media, el agua en Medellín no refleja un precio de escasez en medio de este fenómeno del niño. Y hasta en el estrato más caro cuesta una ínfima fracción de lo que cuesta en la ciénaga.

(*) tarifa para septiembre 2026, sin exceder 13 m3 por conexión (hogar), valor de cargo por consumo sin incluir cargo por conexión, ni valor de alcantarillado.

El mismo Estado que declara el derecho vital al agua se vuelve un simple observador de esta asimetría. En representación de ese Estado, la propia Alcaldía de Medellín define el mínimo vital en 50 litros por persona al día, 1.500 litros al mes. Para los hogares clasificados en el Sisbén IV ese mínimo es gratis, pero digamos que al de estrato 1 le toca pagarlo a dos pesos el litro, o sea tres mil pesos al mes por persona. Ese mismo volumen, el que el Estado declaró vital, le costaría al de Buenavista 562.500 pesos mensuales. Ciento ochenta y siete veces más, por la misma agua que la ley les prometió a los dos por igual. Y eso es apenas el volumen vital. Para todo lo demás les toca usar el agua de la ciénaga, a veces dulce, a veces salada y nunca potable.

El derecho es idéntico. Lo único distinto es la realidad. Y la intervención estatal ha hecho daño en las dos partes:

• En la ciénaga no ha podido cumplir. Al único que le sirve ese decreto de derecho vital es a la conciencia de quien declaró el derecho. Se firmó, se anunció, se archivó, y a dormir tranquilo. El agua sigue llegando en lancha, bien cara y de dudosa calidad.

• En Medellín bloquea la señal de necesidad de ahorrar. Con un precio que no refleja la escasez, el consumidor no recibe por esa vía la señal que el recurso se está haciendo más limitado. Cuando el precio no transmite esa escasez, hay que transmitirla con campañas (más gasto), restricciones y hasta racionamiento.

En ambos casos aparece la enorme distancia entre declarar y proveer. En la ciénaga el Estado declaró el derecho, pero el agua potable nunca llegó. En Medellín sí apareció, pero una tarifa que no refleja la escasez debilitó la señal más poderosa que podía inducir su ahorro. En un sitio el decreto no produjo agua. En el otro, el decreto no produjo abundancia. La conclusión es obvia, declarar el agua como derecho no deroga su escasez.

Ahora dirán que lo que quiero es quitarle el derecho al agua a los paisanos de Medellín. No sobra recordar que soy un simple ciudadano ejerciendo mi libertad de escribir. Yo no quito nada. Paradójicamente, es el Estado que se declaró garante del derecho vital el que ahora tiene que cerrar la llave del agua.

Afortunadamente la realidad sí responde a la acción humana. Fui a Buenavista a ver una pequeña planta de potabilización que instaló una fundación privada y que apenas lleva unas semanas produciendo. Todavía están ajustando parámetros, pero están entregando agua pura y con estándar de calidad y la semana pasada ya entregaron a precio por debajo del de la bolsa. Y según me explicaron, en la medida en que el volumen suba, esperan mejorar ese precio significativamente. Obvio que nunca va a llegar al precio masajeado de Medellín de dos pesos por litro. Pero va a ser un precio que responde a una realidad geográfica. Y adicionalmente, con el valor, ese sí social, de tener una planta operada directamente por gente de la comunidad que se ha capacitado en control de calidad y gestión de procesos de potabilización. Y eso no lo logró un decreto ni un rimbombante llamado al derecho vital. Eso lo logró la más pura acción humana, aquella de querer ayudar de forma genuina y voluntaria, con las restricciones propias de la misma realidad.

Cierre

Cuando dicen que toda necesidad es un derecho, no están resolviendo nada. Le ponen a la carencia un nombre noble, le pasan la cuenta a un tercero y se declaran del lado de los buenos. El que objete queda automáticamente del lado cruel e inhumano.

Pero la realidad no lee decretos. En la ciénaga el derecho lleva décadas escrito y el agua sigue llegando en lancha. En Medellín el derecho está escrito y vamos para cortes programados. Declarar no produce una sola gota de agua. Tenemos que entender que la necesidad describe una carencia, mientras que el derecho establece una obligación. Confundirlos no elimina la carencia, simplemente decide quién será obligado a pagarla.

El derecho al agua terminó convertido en el derecho a la sed. Y por eso hay que decirlo sin miedo a los insultos: las necesidades no son derechos.

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