La inflación es un delito de lesa humanidad

El robo más sofisticado que jamás ha perpetrado el Estado contra sus ciudadanos no requiere pistola. Sólo una imprenta.

Terminó el ciclo electoral. Durante meses hablamos de candidatos, encuestas, alianzas y estrategias. Era inevitable. Las elecciones importan porque determinan quién administrará el poder durante los próximos cuatro años. Y, afortunadamente, llegó alguien que dice defender la libertad y la agencia del individuo. Eso nos da un necesario y merecido respiro.

Pero si queremos que ese respiro perdure, no basta con cambiar de gobernantes. Hay que cambiar de ideas.

Las ideas son la causa y los gobiernos son su consecuencia. Por eso la llamada batalla cultural es, en realidad, una batalla de ideas. Primero cambian las ideas. Luego esas ideas moldean la cultura. La cultura transforma las conversaciones, los hogares, las universidades y las instituciones. Y sólo al final llegan las urnas. Por eso, si queremos una sociedad más libre, no basta con elegir mejores gobernantes. Hay que desmontar las ideas que hicieron posible el crecimiento del poder del Estado y la proliferación de políticos y saqueadores que viven de él.

Y pocas ideas han sido dañinas, pero tan exitosas como aquella que el Estado debe tener el monopolio absoluto sobre el dinero. Nos parece tan normal que ni siquiera lo cuestionamos. Aceptamos que exista el Estado con el privilegio exclusivo de crear dinero de la nada y alterar su valor sin pedirle permiso a nadie. Ese monopolio tiene un costo y se llama inflación.

La inflación no es simplemente un fenómeno económico. Es un acto político que produce un daño tan profundo, masivo y sistemático que merece ser analizado bajo la misma lógica con la que el derecho internacional juzga los delitos más graves contra la humanidad.

Delitos de lesa humanidad

Los delitos de lesa humanidad nacieron de una idea que fue revolucionaria en su momento, la de reconocer que existen atrocidades tan graves que ningún Estado puede justificarlas alegando su propia legalidad. Aunque el concepto empezó a gestarse tras las atrocidades contra los armenios en 1915, fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg lo incorporó al derecho internacional, y décadas más tarde el Estatuto de Roma fijó su definición moderna, detallado en su artículo 7.

Al leer dicho artículo, es claro que se requieren tres condiciones simultáneas para que un acto se considere un delito de lesa humanidad:

1. Contra una población civil: se refiere a personas no combatientes.

2. Generalizado o sistemático: el ataque debe tener una gran escala, afectando a un número considerable de víctimas o a una parte significativa de la población civil; no se trata de un hecho aislado (generalizado). O, el ataque debe responder a una política, plan o patrón organizado de conducta, ejecutado de manera metódica y repetida, no como un accidente o un acto espontáneo (sistemático).

3. Con conocimiento: Es decir, quienes participan deben ser conscientes que sus actos forman parte de ese ataque generalizado o sistemático contra la población civil, aunque no conozcan todos los detalles de la operación.

Claramente la inflación cumple perfectamente las tres condiciones. Ataca directamente a una población civil, pues deteriora el poder adquisitivo de todos los ciudadanos. Además, lo hace de manera generalizada y sistemática, al ser el resultado de una política monetaria institucional y no de un hecho aislado. Y, por último, se ejecuta con pleno conocimiento de sus consecuencias, ampliamente documentadas por la teoría económica y la evidencia histórica y empírica.

Seguramente el abogado de turno dirá que el cumplimiento de estas tres condiciones no basta para tipificar un delito de lesa humanidad. Y puede que tenga razón. El propio artículo 7, en su numeral 1, enumera taxativamente las conductas que hoy constituyen estos delitos y allí no aparece la inflación. Sin embargo, el listado termina con una disposición particularmente interesante. El literal (k) incorpora “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.

Si el derecho internacional dejó abierta una cláusula para abarcar actos inhumanos comparables que el futuro pudiera identificar, vale la pena preguntarse si la destrucción deliberada y sistemática del patrimonio, del ahorro y del poder adquisitivo de millones de personas mediante la degradación de su moneda no merece, al menos, abrir esa discusión.

La inflación: más allá de la duda razonable

Más allá de la discusión jurídica sobre su tipificación, lo verdaderamente importante es entender que la inflación no es un accidente de la economía. Es el resultado de una acción humana. Y toda acción humana debe analizarse preguntando quién tenía la capacidad, el incentivo y la oportunidad para ejecutarla. En criminología existe una tríada clásica conocida como MMO (Means, Motive & Opportunity). Todo delito suele requerir tres elementos simultáneos:

• Means: los medios o la capacidad para cometerlo.

• Motive: el motivo o incentivo para hacerlo.

• Opportunity: la oportunidad para ejecutarlo.

Ahora apliquemos esa misma lógica a la inflación.

• Means: Ningún ciudadano puede crear pesos colombianos de la nada. Si lo intenta, termina en la cárcel por falsificación. El único que posee los medios legales para expandir la oferta monetaria es el Estado, a través de su banco central.

• Motive: La emisión monetaria permite financiar gasto público sin cobrar un impuesto explícito, licuar el valor real de la deuda pública, rescatar gobiernos fiscalmente irresponsables y aplazar el costo político de tomar decisiones difíciles como subir impuestos. Los incentivos están a la vista.

• Opportunity. El Estado no sólo tiene el monopolio de la emisión de dinero. También opera en un sistema donde la inmensa mayoría de los ciudadanos culpa de la pérdida de poder adquisitivo al supermercado, al empresario, al dólar o a la guerra, pero casi nunca al emisor de la moneda. Pocos delitos ofrecen una oportunidad tan cómoda y tan poca probabilidad de ser atribuidos a su verdadero culpable.

Y a pesar de lo obvio que resulta el delito, en el caso de la inflación parecemos estar ante un crimen perfecto. El crimen perfecto no es aquel que no deja víctimas. Es aquel que no deja culpables. Todos saben que el mercado está más caro, que el salario alcanza para menos y que los ahorros se diluyen. Lo extraordinario es que casi nadie señala al único actor con el monopolio legal para fabricar más dinero. Ese es el genio del sistema, consigue que las víctimas defiendan al culpable y pidan más de lo mismo.

El daño moral

El mayor daño de la inflación no es que suban los precios. Eso es apenas el síntoma visible. El verdadero daño es moral, porque destruye la capacidad del individuo de construir futuro. Ahorrar es el acto más humanista de todos, pues es una declaración de optimismo. Ahorrar es renunciar voluntariamente a un consumo presente para tener un mejor futuro. Pero la inflación convierte ese acto de virtud en un acto de ingenuidad. Castiga al prudente, destruye la confianza en el dinero y la ilusión de un mejor mañana.

Y a pesar del daño, tristemente nos convencieron que imprimir dinero es gobernar y que robar poder adquisitivo es simplemente “hacer política monetaria”. Está tan normalizado el acto monetario, que hasta la Constitución le asigna al Banco de la República la tarea de mantener la inflación en niveles “aceptables”. Es el equivalente moral a crear un Ministerio del Atraco cuya misión no sea acabar con los robos, sino garantizar que, en promedio, sólo haya tres puñaladas por víctima. Y claro, cuando el déficit fiscal se dispara, el gobierno convoca a una reunión extraordinaria para autorizar cuatro puñaladas. Y, por supuesto, las cuatro puñaladas cuentan con aval técnico del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Cierre

Los grandes crímenes de la historia no triunfaron porque fueran inevitables. Triunfaron porque aprendieron a cambiar de nombre. La esclavitud fue “propiedad”. La censura fue “protección”. La inflación es “política monetaria”. El lenguaje siempre antecede al abuso.

Mientras aceptemos que un gobierno pueda empobrecer a millones de personas simplemente creando más dinero, seguiremos discutiendo los síntomas y nunca la enfermedad. La batalla cultural ya empezó. Ya estamos dejando de preguntar cuánto debe ser la inflación y empezando a preguntar quién le dio al Estado el derecho de producirla.

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