La Gestapo de la seguridad social

En los últimos días, volvió a ponerse de moda el tema de pensiones a raíz del pronunciamiento de la Corte Constitucional que despejó buena parte de los problemas de trámite de la dañina reforma de Petro. Y digo que es dañina porque es una reforma moralmente inaceptable, más allá de cualquier discusión técnica, actuarial o de estabilidad financiera. Y adicionalmente es triste que esta inmoralidad sea parte cotidiana del paisaje, pues a la gran mayoría de colombianos les parece absolutamente natural que el Estado decida sobre el destino de los ahorros de la gente. Y eso es precisamente lo que esta reforma “de pilares” hace al forzar al aportante a tener que depositar sus ahorros en Colpensiones*. Nada más anti-libertad y arbitrario que eso, pues es el Estado obligándonos a entregar nuestros ahorros a una bolsa común para luego decidir qué hacer con ellos. Cuando se relativiza el derecho fundamental de cada persona a ser dueña de lo que ahorra, algo profundo se ha deteriorado en nuestros valores como sociedad.

(*): la reforma obliga a depositar en Colpensiones los aportes pensionales correspondientes a los primeros 2,3 salarios mínimos.

Pero no voy a escribir sobre pensiones pues ya hay mucha gente haciendo la tarea técnica de explicar lo dañino e inmoral de un sistema de reparto. Yo quiero hablar de una institución que se convirtió en una especie de policía política amedrentando ciudadanos para forzarlos a ser parte del sistema de seguridad social en Colombia. Al igual que la Gestapo en la Alemania nazi, la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales) concentra un poder inquietante sobre el ciudadano: fiscaliza, sanciona y cobra sin necesidad de intervención judicial previa. Más adelante veremos hasta dónde llegan esas facultades. Por ahora basta decir que, al igual que en aquella Alemania, la UGPP también gobierna con el miedo que generan sus siglas.

Los orígenes de la UGPP

Como toda oficina de policía política, la UGPP nació de la burocracia. Nadie la pidió y simplemente apareció en el artículo 156 del Plan Nacional de Desarrollo de 2007, con una excusa buena que era el desastre de la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), entidad que pagaba las pensiones de los empleados públicos del orden nacional y que estaba colapsada desde fines de los años noventa. La propia Corte Constitucional había declarado un estado de cosas inconstitucional* por su incapacidad estructural para cumplir sus funciones. Como todo en el Estado, la solución que llega es tardía y más dañina que lo que se pretendía corregir. Ese artículo 156 básicamente creó una oficina para pagar las pensiones que el Estado no supo pagar, y de paso, la facultó para fiscalizar y cobrarle a todo aportante del país. No es coincidencia que el artículo anterior del mismo plan de desarrollo, el 155, dio origen a Colpensiones. Es por ello por lo que toda la discusión de pensiones y UGPP es la misma, la primera es la bolsa, y la segunda es la que la cobra.

(*) El estado de cosas inconstitucional (ECI) es un mecanismo creado por los tribunales constitucionales para ordenar soluciones a problemas masivos y graves que violan los derechos de muchas personas a la vez.

Sin embargo, el desarrollo del monstruo tomó más tiempo. Entre 2009 y 2013 se terminó de armar la criatura completa. Pero su verdadera mutación a policía política llegó cuando le dieron dientes a la UGPP en el primer gobierno de Santos, específicamente en 2012 con la reforma tributaria de turno, la famosa Ley 1607. La misma reforma que trajo impuestos nuevos como el CREE, el impuesto al consumo, el IMAN y el IMAS, después de que el mismo Santos había jurado en campaña no subir impuestos. Esa reforma la lideró el ministro Cárdenas, el mismo que años más tarde nos trajo el nefasto IVA al 19% y que ahora da charlas sobre la reducción del Estado.

Esa reforma del 2012 se vendió como la gran reforma para la formalización del empleo. El Estado exoneró a los empleadores de pagar los aportes al SENA (2%), al ICBF (3%) y el 8,5% de salud por cada trabajador que ganara menos de diez salarios mínimos. Menos costos de nómina, más empleo formal. Aplausos. Más allá que el nuevo CREE compensaba en gran parte lo que esas exoneraciones generaba, el verdadero veneno llegó en los artículos 178, 179 y 180 de esa Ley. Esos artículos le dieron los dientes a la UGPP, todo un paquete de competencias, capacidad de vigilancia y sanción. Nació la policía de la seguridad social, lástima que no hubiesen aprovechado para cambiarle el nombre a Unidad de Gestión del Pavor Popular o Unidad para Garantizar el Pago con Pistola.

El mundo bizarro

En nombre del sistema de protección social, la UGPP, nos genera los siguientes casos que parecen sacados de una novela de ciencia ficción, o más bien de terror. Si le narramos los siguientes cuatro casos a un ciudadano de otro país, con toda certeza va a creer que en Colombia vivimos en un mundo bizarro.

• Horacio es un plomero muy exitoso y lo acaba de contratar una empresa para arreglar diez sanitarios que estaban goteando. La norma lo obliga a que aporte a salud y pensión sobre el 40% de esos ingresos. Al Estado no le importa que Horacio tenga que comprar los útiles para el colegio de sus hijos ese mes, primero hay que llenar la Pila y pagarla. Al Estado tampoco le importa que Horacio sabe que tendrá que trabajar hasta muy viejo porque no confía en que Colpensiones pueda financiar su pensión y para eso precisamente trabaja y ahorra duro.

• La empresa que contrató a Horacio no puede llevarse al gasto el pago del arreglo de los sanitarios si no es capaz de exigirle a Horacio la constancia de pago a la seguridad social. No importa que a Horacio ya le pagaron y que él puede aportar a la planilla el mes siguiente; la empresa debe actuar como mandataria de la Gestapo para acosar a Horacio por el recibo. Y ojo, como Horacio les prestó otros servicios a otras personas en el mismo mes, la auditoría de la empresa sugiere que Horacio certifique que ese aporte a la seguridad social cubre específicamente lo que le pagaron ellos únicamente. La empresa termina fiscalizando a su propio proveedor para poder deducir un gasto cotidiano y pequeño. Y así con las otras decenas de personas que le prestan servicios a la empresa. Fricción, amenazas de sanción y baja productividad, gracias.

• La señora Elvira es pensionada, pero con una mesada muy bajita. Tiene un local comercial que le dejó su esposo antes de morir y con el arriendo que recibe completa para el mercado y para ayudarle a la nieta que está estudiando para ser ingeniera. Para la UGPP, Elvira es una rentista de capital y le exige aportar a la seguridad social cada mes sobre esas rentas. Por ser pensionada, le exoneran el aporte a pensión sobre la renta de capital, pero sí le toca el aporte obligatorio a salud. Gracias, tan tiernos y considerados los de la Gestapo.

• Darío es un programador de software free-lance. Sufre de lo mismo que Horacio con el tema de planilla como independiente. Sin embargo, Darío es soltero y ha podido ahorrar e invertir. Tiene varios CDT´s y bonos que le generan unos buenos rendimientos. Adicional al pago a la seguridad social por su trabajo como independiente, cada mes debe calcular los cupones y rendimientos que le generaron esos papeles. Sobre ese total, y luego de depurar las cifras con su contador, calculan cuánto debe aportar a la seguridad social. El contador le sugiere no promediar esos rendimientos sino llevar la cuenta mes a mes para estar cubierto en los meses con cupones altos, pues la Gestapo siempre “anda mosca” con esos picos mensuales. El absurdo es completo. Darío le paga a un sistema del que ya sabe que no va a recibir nada, sobre unas inversiones por las que además va a pagar impuesto de renta, mientras su vejez la financia a punta de trabajo y ahorro por fuera de Colpensiones.

Y por si fuera poco, a Elvira, Horacio, Darío o a la empresa, la UGPP los amedrenta permanentemente con amenazas y sanciones, que dependiendo de la conducta y del momento en que el ciudadano corrija, pueden llegar al 60%, al 100% y, en otros incumplimientos, expresarse en cuantiosas UVT. La UGPP utiliza el miedo como vehículo eficaz de cobro, y no lo hace con la pistola Luger famosa de la Gestapo. Aquí se usa el correo electrónico, con balas marcadas como “persuasivo”, “presunto evasor”, “invitación a corregir”, entre otras. Más allá de esa odiosa táctica de terror que quieren replicar otras entidades como la DIAN o las secretarías de hacienda municipales, en sentido económico, los pagos obligatorios que exige la UGPP, funcionan como un impuesto: son obligatorios, extraen ingreso disponible y no dependen del consentimiento.

Impuesto disfrazado de derecho

Ni el Tino Asprilla es capaz de hacer la gambeta conceptual que nos aplicaron en Colombia para volvernos obligatoria la seguridad social. Es una gambeta con todas las características propias de ese tipo de jugadas. Se nota la picardía, la habilidad y la ejecución.

La jugada nació en la propia Constitución del 91, en su artículo 48 que definió la Seguridad Social como un servicio público obligatorio, y más adelante en el mismo artículo la llamó un derecho irrenunciable. Vale la pena detenerse a pensar lo paradójico de este artículo. Se supone que un derecho es una facultad, no un mandato. Marca una esfera donde yo decido y el resto del mundo se abstiene. Tengo derecho a la libertad de expresión, pero puedo quedarme callado. Tengo derecho a votar, pero ese domingo puedo quedarme en casa. Tengo derecho a la propiedad, pero la puedo regalar. Que yo no ejerza el derecho no lo destruye. Al contrario, la posibilidad de no ejercerlo es lo que prueba que es mío. Un derecho que se ejerce a la fuerza no es un derecho, es una obligación con buena prensa.

El espíritu de la Constitución, garantista de derechos, dio el escudo jurídico para lo que se construyó después. Sobre ese cimiento constitucional, leyes sucesivas, reglamentos y jurisprudencia fueron extendiendo y consolidando la obligación de cotizar mucho más allá del trabajador asalariado. Bajo el pretexto de los principios de universalidad y solidaridad, la obligación alcanzó también a independientes, contratistas y rentistas de capital.

Más allá de una discusión constitucional, lo evidente es el resultado: estamos ante un golazo conceptual después de la gambeta. Nos vendieron como derecho lo que en la práctica funciona como un impuesto. Y nos vendieron la obligación como solidaridad, ignorando que toda solidaridad moralmente aceptable es siempre voluntaria. Sin consentimiento no hay virtud, hay sometimiento.

El mundo bizarro de Elvira, Horacio, Darío y la empresa es literalmente el mundo al revés. Es un mundo donde la Gestapo nos apunta con la Luger para obligarnos a pagar y luego decirnos que es por nuestro propio bien. Es el síndrome de Estocolmo, ese donde la víctima aplaude.

La batalla cultural

La UGPP no ha estado libre de acción judicial. La han demandado bastante y a veces le han ganado. Pero casi todas esas actuaciones judiciales discuten la forma en la que la Gestapo de la seguridad social ejerce su poder. Se pelea el procedimiento, jamás el principio.

La demanda importante sería aquella sobre la inmoralidad de su existencia. Pero eso no va ocurrir mientras los ciudadanos sigamos sufriendo del síndrome de Estocolmo. Tenemos que despertar para entender el daño que nos hacen. No es tan difícil de ver:

• Un cobro obligatorio no deja de parecerse económicamente a un impuesto solo porque el legislador lo bautice “aporte”. Y la palabra no es inocente. “Aporte” evoca contribución, cooperación, algo que uno entrega para ayudar a un propósito común, todo cargado de voluntariedad. De ahí nace la contradicción semántica más absurda de todo el sistema: el “aporte obligatorio”. Si es aporte, deberíamos poder decidir si aportamos. Si no podemos decidir, no es aporte.

• La seguridad social obligatoria en un sistema de reparto es, moralmente, un robo. El Estado nos quita hoy parte de nuestro ingreso para financiar a otros, bajo la promesa de que habrá suficientes aportantes en el futuro para financiarnos a nosotros. Nos obligaron a entrar a una estructura que depende de que sigan entrando nuevos pagadores y de la cual no podemos salir.

• El ahorro es propiedad privada e individual, y eso no admite grados. Cuando aceptamos que el Estado decide el destino de lo que cada uno ahorra, ya no estamos hablando de pensiones. Estamos discutiendo si somos dueños de lo nuestro. Y esa pregunta no tiene respuesta intermedia. O el ahorro de Horacio es de Horacio, o es de otros. Todo lo demás son porcentajes.

• Ninguna causa noble justifica un procedimiento sin juez. La UGPP fiscaliza, determina la deuda, sanciona, resuelve el recurso contra sus propios actos y decreta embargos administrativamente sin orden previa de un juez. Que una misma entidad concentre todas esas facultades debería inquietarnos en un país que se dice ser un Estado de derecho. Sí, después existe el juez. Se puede demandar ante lo contencioso administrativo, y a veces se gana. Pero llega tarde, llega años después y puede llegar cuando la cuenta ya está embargada. Un control que opera después del daño no es un contrapeso, es un consuelo.

• Es de básico sentido común que no hay razón para pagar seguridad social sobre ingresos que nada tienen que ver con el trabajo. Cobrar seguridad social sobre el cupón de un bono, los intereses de un CDT o el arriendo de un local desnaturaliza por completo el concepto. Eso no es salario ni remuneración por el trabajo: es renta del ahorro o del capital. No podemos normalizar lo anormal.

Y si tenemos claros esos conceptos, y así lo demandamos, la política terminará quitándonos a la Gestapo de encima. Aún falta mucho, pero toda batalla cultural empieza por dejar de aceptar como normal lo que nunca debió serlo.

Cierre

Empecé este texto hablando de una reforma pensional, pero lo desarrollé alrededor de la oficina de policía política del sistema de seguridad social. A alguien le podrá parecer exagerado comparar a la UGPP con la Gestapo. Y tiene razón, la Gestapo nunca tuvo acceso a la información exógena de la DIAN.

Más allá de las comparaciones, la reforma pensional y la Gestapo son parte del mismo monstruo. La UGPP se encarga de que no podamos negarnos a participar y sobre todo de obligarnos a pagar. La Ley y su nueva reforma ponen las reglas. Y mientras discutimos tasas de reemplazo y semanas cotizadas, nadie discute lo único que realmente importaba: una sociedad que acepta que el Estado decida el destino de lo que trabajamos y ahorramos es una sociedad que perdió toda brújula moral.

Y vamos perdiendo por mayoría. En la Corte Constitucional la votación fue de siete a uno, y el único salvamento lo puso un conjuez. Pero lo más revelador es que la Corte declaró constitucional buena parte del trámite y no se detuvo en el fondo. Dos años de estudio para concluir que el procedimiento fue correcto, sin preguntarse nunca si obligar a un colombiano a entregar su ahorro a una bolsa común es constitucional. Igual que con la UGPP, se pelea el procedimiento, jamás el principio.

Por eso la verdadera gesta es que la gente entienda que lo que uno trabaja y ahorra es de uno. Punto. No hay porcentaje intermedio. Lo de Horacio es de Horacio… ¡y de nadie más!

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