Campeones de la Grasa IV - Está en todas partes

En las tres entregas anteriores de la serie Campeones de la Grasa, nos enfocamos en los depósitos adiposos más visibles y notables. Son tres entidades que cercenan a diario la libertad económica de los ciudadanos mediante el uso y abuso de un permiso estatal para cobrar. Las cajas de compensación son máquinas de recaudo que nos quitan dinero por ley, su grasa burocrática se queda con gran parte de ello, luego devuelven un poco de lo cobrado a algunos, y luego se felicitan por su labor social con dinero ajeno. Siguen las cámaras de comercio, que le cobran una pequeña fortuna a las empresas por el privilegio de avisarle al Estado acerca de su existencia. Un trámite que en cualquier país normal sería un correo electrónico, y que aquí cuesta como un electrodoméstico. O dos, o tres. Y las notarías son un monopolio de la confianza, enquistado en la idea medieval que la palabra de un ciudadano no vale nada hasta que otro ciudadano, ungido por el Estado y con tarifa fijada por decreto, le cobre por creerle.

Son tres masas de tocino grueso y costoso. Pero la grasa es compleja, y no sólo reside en esos depósitos enormes. También existe a pequeña escala, sectorizada y enquistada en todos los rincones del cuerpo que asfixia. Sabemos que el Estado no produce nada y vive de lo que le quita al que sí produce. Pero el impuesto directo tiene un defecto fatal para el político. El impuesto se ve, se siente, duele y se vota. Subirlo demasiado le cuesta el puesto.

La grasa es la solución elegante a ese estorbo democrático. Es la forma soterrada de cobrar sin tener que pronunciar la palabra “impuesto”. Por eso se llama tarifa, contribución, cuota de fomento, parafiscal o registro, y el ciudadano paga exactamente igual. Y con el agravante que la grasa viene con intermediario privado casi siempre. Lo público pone la obligatoriedad, lo privado pone la factura, y el ciudadano pone la plata.

De eso trata esta cuarta y última entrega: de la grasa que no se ve. La pequeña, la distribuida, la que está en todas partes. Y que en su conjunto nos atrofia el músculo que desea libertad.

SENA

El Sena originalmente era un tocino igual de grueso a las otras tres entidades. Vive de un parafiscal del 2% a las nóminas. Ya no es tocino grueso porque la Ley 1607 de 2012 limitó el cobro a salarios por encima de 10 salarios mínimos. Con ello, se volvió panceta delgada, pero grasa al fin y al cabo. Y a diferencia de las otras tres entidades, el Sena es una entidad estatal, no un monopolio privado. Pero, el daño que hace tiene el mismo efecto. Se supone que el dinero que recibe coactivamente el Sena es para formar a los trabajadores del país a través de capacitación técnica gratuita, mano de obra calificada y capital humano. Esa clase de sustantivos nobles con que se blinda cualquier cobro obligatorio. El daño de esta grasa radica en que se obliga al trabajador* a financiar lo que nunca eligió ni puede cambiar.

(*) En este caso aplica la misma ficción contable que ya desmontamos en el primer texto sobre las cajas de compensación. Aunque el cheque lo gira el empleador, esa plata es en realidad del trabajador. Un costo laboral es un costo laboral, y ese 2 % es salario que el empleado jamás verá. De las estafas semánticas más complejas y sutiles es esa de decir que lo paga “otro” a pesar que el costo es propio.

Fondos parafiscales gremiales

Los fondos parafiscales gremiales viven de un dinero que el Estado le cobra obligatoriamente a todo un sector y le entrega en administración a un gremio privado, normalmente el del mismo sector. Y casi todos son del agro, y ahí está la primera pista. Están en el agro porque es el terreno perfecto para el cobro coactivo. Son una multitud de productores pequeños y dispersos que jamás se organizarán para decir que no. Los más famosos son el Fondo Nacional del Ganado y el Fondo Nacional del Café, pero hay muchos más: palma, arroz, porcicultura, algodón, panela, cacao. Al momento de escribir este texto no encontré un fondo para la algarroba. Debe ser porque huele muy maluco y sería obvio que el cobro deja un hedor a estafa institucionalizada.

El diseño es de una elegancia perversa, y siempre viene en pareja. De un lado, el fondo, blindado por la noble causa del fomento, la sanidad, la investigación. De allí nace la erradicación de la aftosa, el fomento a las exportaciones de café, el desarrollo de nuevas semillas de palma, nobles acciones que justifican el cobro a cada productor. Del otro, el gremio que dice representarlos a todos y administra la plata del fondo “en pro del sector”. Un yin yang perfecto: yo cobro, yo administro y yo gasto; tú pagas. Cuatro verbos, y uno solo es del productor: pagar. A eso, en Colombia, lo llaman representación.

Como las cajas y las cámaras, estos gremios gastan ríos de tinta justificando su valor, con el único fin de perpetuarse. Y, como ellas, terminan armando su propio imperio. Fedecafé llegó a tener banco, flota mercante y aerolínea, todos ellos negocios fallidos cuyos pasivos siguen pagando hoy los cafeteros de Andes y Pitalito. Fedegán se metió a los frigoríficos con Friogán y cosechó pérdidas millonarias. Pero la discusión es sobre libertad, no sobre buena administración, y ahí está la trampa. Indignarse por la flota llena de pasivos laborales y el frigorífico quebrado y terminar pidiendo “que administren mejor” es conceder que tienen derecho a cobrar. Y no lo tienen. La ley puede que se los permita, pero la moral, no. “¿Con qué derecho cobraron?” es la pregunta que, en casi un siglo de fomento, ningún gremio ha querido responder.

Fondos de Estabilización de Precios (FEP).

La grasa no sólo se deposita en entidades y fondos gremiales, también habita de forma creativa en otros organismos. En este caso, los FEP, que son mecanismos institucionalizados para fingir que un comité puede fijar el precio “correcto” mejor que el mercado. Con un eufemismo precioso —estabilizar el ingreso del productor— montan un fondo que le cobra cuando el precio sube y le paga cuando baja. Suena a un seguro contra la volatilidad. Es, en realidad, una vieja fantasía planificadora que asume que la oferta y la demanda son una sugerencia que un burócrata puede corregir.

El más famoso es el FEPC, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, creado para “suavizar” la volatilidad de la gasolina y el diésel. O también vendido como el derecho de los colombianos a pagar barato “por ser país petrolero”. Mentira piadosa. Un barril vale lo que el mundo paga por él, y venderlo barato adentro no es exprimir un regalo de la tierra, es renunciar a lo que valía afuera. Pero en realidad no hay ninguna renuncia, hay es una ficción. Cuando el precio doméstico es menor al precio internacional, el FEPC le reconoce la diferencia al productor. Y como el precio afuera casi siempre está arriba, el fondo sólo gira al productor y es crónicamente deficitario, sobre todo en años recientes. El déficit lo cubre el Presupuesto General de la Nación, es decir el dinero de los ciudadanos que pagan impuestos. El daño a la libertad económica que hace este fondo es gigante pues obliga vía impuestos a que los que no compran combustible le subsidien el consumo a los que sí. Y no sólo eso, al interferir con la señal de precios, dificulta la toma de decisiones económicas.

Pero no sólo está el FEPC, también hay fondos sectoriales. Está el del azúcar, el de la palma, el del algodón, entre otros. A diferencia del FEPC, estos fondos dicen ser de saldo cero* que significa que el fondo no le mete la mano al Presupuesto Nacional. Las cesiones que paga el productor cuando el precio está alto financian las compensaciones que recibe cuando está bajo. La plata circula dentro del mismo sector y, en teoría, no le cuesta un peso al contribuyente. El daño a libertad en estos fondos es más sutil, pues se representa en daño económico entre productores del mismo sector. Convierte el acierto en un impuesto y el fracaso en un derecho. Al que obtuvo buen precio lo grava, al que obtuvo mal precio lo subsidia, apagando la señal que premia vender mejor.

(*) El “saldo cero” es más un ideal de diseño que una realidad. En la palma, el Estado sí subsidia al sector vía biodiésel (FEPC y exenciones). En el azúcar, la SIC concluyó que el FEP se usó como mecanismo de cartel. Y en el arroz hay proyectos de ley para crear un fondo financiado con el Presupuesto. Cuando un fondo no tiene ahorrado y el Gobierno igual lo usa políticamente, lo termina alimentando el contribuyente.

La grasa está en todas partes

En este punto pudiéramos continuar enumerando muchas más entidades o mecanismos donde la grasa se deposita y hace su daño. Entidades llenas de regulaciones para supuestamente proteger al ciudadano (Invima, Ica, Anla, entre otras), o programas institucionales diseñados para promover e impulsar sectores (RutaN, iNNpulsa, ProColombia, Fontur, entre otras). Y hay más ejemplos. En todos estos casos, van siempre acompañados del anuncio de las mejores y más buenas intenciones, viviendo del cobro coactivo al ciudadano para engendrar burocracias que sirven a muy pocos, salvo a la corporación política.

El cierre: nadie nos preguntó

Termino donde empecé esta serie, y donde empieza todo lo que escribo. La persona libre no debe pedir permiso para construir su proyecto de vida. Eso es haber aceptado que ese derecho natural era en realidad una concesión revocable, un trámite que se renueva cada año y que alguien, en alguna ventanilla, nos puede cobrar por ello.

Nunca nos preguntaron si queríamos pagar el 4% a Comfama o el 2% al SENA. Simplemente nos informaron, nos cobraron, y nos rematan diciendo que es “por nuestro bien”. Y esperan que los aplaudamos. ¡Pues no!

La pérdida de libertad rara vez llega de un solo tajo. Llega lenta, casi siempre a través de formularios que tenemos que llenar y pagar, y que se van acumulando. Por eso la grasa no es el problema, es el síntoma. El problema es que nos acostumbramos a pedir permiso.

Los invito a visitar nopidopermiso.com, donde la libertad no se negocia.