Campeones de la Grasa III - Las Notarías

Campeones de la Grasa III - Las Notarías

Bienvenidos al tercer episodio de Campeones de la Grasa, la serie sobre entidades colombianas que perfeccionaron el arte de cobrar obligatoriamente por algo que ya existe o que simplemente no se necesita. En el primer episodio diseccionamos las cajas de compensación, las entidades más efectivas en quitarle plata obligatoriamente al trabajador, disfrazarla como “aporte del empleador” y luego posar de generosas repartiendo una parte de un dinero que nunca les perteneció. En el segundo, las cámaras de comercio, las entidades con la franquicia perfecta donde cobran por ley, compiten con nadie y luego se presentan como grandes adalides del ecosistema empresarial usando plata extraída obligatoriamente de los mismos empresarios.

En esta ocasión vamos por las notarías, las entidades con la grasa más rancia y las que están más enquistadas en las costumbres colombianas. Su inserción en la rutina diaria de los ciudadanos es absolutamente dramática. Para un colombiano, ir a una notaría es tan cotidiano como tomar sopa con banano, como ver a un político robar o como ver caída la aplicación de Bancolombia. Son cosas tan absolutamente rutinarias que ya las normalizamos como parte del paisaje. Y el paisaje rara vez se cuestiona, y allí radica el verdadero problema cultural. No es normal meter un banano a una sopa, así como no es normal ir a sellar una copia de la cédula. Y tiene resistencia cultural, muchos de los lectores estarán defendiendo el sabor dulce en un sancocho.

El origen

Las notarías vienen heredadas de la tradición colonial española. En una época donde la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, el Estado necesitaba figuras “de confianza” que dejaran constancia oficial de contratos, ventas, herencias y declaraciones. Ahí aparecieron los escribanos, aquellos funcionarios autorizados por la Corona para dar “fe pública”. Y es allí donde nació el truco notarial. El Estado tomó una función que es suya —dar fe de los actos jurídicos— y se la entregó, en propiedad y en monopolio, a particulares que cobran por ejercerla.

El sistema moderno de notarías en Colombia quedó consolidado principalmente durante el siglo XX. En 1959 se creó la Superintendencia de Notariado y Registro, el organismo encargado de vigilar y administrar toda la red notarial del país. Luego llegó el Decreto Ley 960 de 1970, conocido como el Estatuto Notarial, que terminó de organizar el negocio. De esa ley se estableció quién puede ser notario, cómo se crean las notarías, qué actos deben pasar obligatoriamente por ellas y cuáles tarifas pueden cobrarse.

Hoy Colombia cuenta con aproximadamente 920 notarías distribuidas en los 32 departamentos del país, organizadas en círculos notariales y vigiladas por la Superintendencia de Notariado y Registro. Una red gigantesca de oficinas, sellos y tarifas obligatorias diseñada alrededor de una idea profundamente paternalista y que atenta contra la agencia del individuo. Esa idea que los ciudadanos no pueden relacionarse contractualmente entre sí sin pagarle primero un tributo a un intermediario autorizado por el Estado.

Monopolio de la confianza

Al hablar de notarías es fácil quedarse en los memes. Ahí aparecen los chistes sobre autenticar una fotocopia de la cédula ampliada al 150% o pagar para jurar ante un desconocido que uno efectivamente dijo lo que acaba de decir. Y sí, como chistes funcionan. El problema de los chistes es que minimizan el daño real. Mientras las cajas de compensación y las cámaras de comercio viven de cobrar obligatoriamente al tiempo que dicen prestar servicios muy importantes, las notarías van un paso más allá: convierten la capacidad moral del individuo en algo insuficiente por defecto.

La “fe pública”, lo que subyace a la función notarial, parte de una idea profundamente autoritaria y violenta. Pero, desafortunadamente, ya muy incrustada en la psiquis colectiva. En últimas, la palabra, la firma y el consentimiento del ciudadano no bastan por sí solos pues la confianza legítima no nace entre personas libres, sino que debe ser validada por el Estado. Es uno de los atropellos más profundos contra la libertad individual, comparable con la idea que el ciudadano necesita permiso estatal para trabajar, comerciar o incluso para ahorrar en la moneda que quiera. Aceptamos con total normalidad que dos adultos plenamente capaces no puedan relacionarse jurídicamente sin autorización institucional. Que un tercero con sello tenga más valor moral que la voluntad de los propios individuos. ¡Qué tal esto! Este es el verdadero triunfo cultural del estatismo, lograr que la gente vea la subordinación burocrática como algo natural.

Negocio perfecto

Un mercado normal tiene tres elementos básicos: competencia, libertad de elección y precios que se ajustan libremente. El sistema notarial colombiano no tiene ninguno de los tres. Y lo mejor del negocio es que las tres ausencias están protegidas por ley.

• Primero: no hay competencia real. Usted no puede abrir una notaría y ofrecer un mejor servicio o cobrar menos. El Estado decide cuántas existen y quién recibe el privilegio de operar.

• Segundo: no hay libertad de elección. El ciudadano no usa notarías porque quiera. Las usa porque la ley lo obliga. Es un “cliente” secuestrado jurídicamente.

• Tercero: el precio tampoco lo define el mercado. Las tarifas vienen reguladas desde arriba, es más fácil negociar la tarifa del kilovatio con EPM.

Ni los gremios prebendarios que logran subir aranceles o montar mecanismos artificiales de estabilización de precios han alcanzado semejante perfección. Porque al menos todavía tienen que competir un poco, seducir clientes, convencer congresistas o preocuparse por perder algo de mercado. Las notarías no. Como dicen en el Caribe, eso es “pelea de tigre con burro amarrado”. Pero la frase se queda corta. Las notarías son el tigre que ni siquiera necesita salir a buscar el burro. La ley se lo amarra, se lo despieza y además le cobra al burro por participar en el ritual.

Fortines políticos

Las notarías no sólo son un monopolio legal. También han sido históricamente uno de los fortines políticos favoritos del poder colombiano. Durante décadas, las notarías han orbitado alrededor de cuotas políticas, padrinazgos y nombramientos cuestionados. La Constitución del 91 intentó corregir parcialmente el problema exigiendo concursos para acceder a ellas, precisamente porque el sistema se había convertido en símbolo clásico del clientelismo. Y desde entonces, buena parte de la clase política ha pasado décadas intentando dilatar, frenar o capturar los concursos.

Y como todo buen teatro colombiano, al tiempo que la casta política reparte notarías y dilata los concursos, la misma casta nos vende la idea que van a simplificar trámites. Y ya ha habido varios intentos, obviamente insuficientes todos ellos. El decreto 2150 de 1995 prometió racionalizar trámites y reducir autenticaciones innecesarias. Luego la Ley 962 de 2005 eliminó múltiples exigencias como declaraciones extrajuicio para trámites administrativos. Y luego el famoso Decreto Ley 019 de 2012 (“Ley anti trámites”) que prohibió exigir copias autenticadas y presumió válidas las firmas de particulares sin necesidad de notario en múltiples actuaciones administrativas. En el papel sonaba a Estado moderno y respetuoso con el ciudadano. Y sin embargo, la función notarial sigue siendo más colombiana que la carpeta de croché debajo del portaretratos.

La batalla cultural: tres frentes

Frente 1: dejar de comportarnos como súbditos

La primera batalla empieza por nosotros mismos. Dejar de pedir autenticaciones absurdas entre particulares “porque siempre se ha hecho así”. Entender que dos adultos libres pueden firmar contratos, asumir riesgos y responder legalmente sin necesitar un sacerdote estatal con sello húmedo supervisando la escena. Además, el rito notarial no elimina el riesgo de estafa. En la mayoría de los actos, el notario no garantiza que el negocio sea legítimo ni que la otra parte vaya a cumplir. Incluso con sus deberes de control de legalidad y de prevención de lavado, en la práctica apenas verifica identidad y deja constancia de que alguien firmó frente a él. La certeza de que no lo van a estafar —que es justo lo que el ciudadano cree estar comprando— no se la venden. Pero en Colombia seguimos creyendo en la magia burocrática del notario.

Frente 2: reducir radicalmente la función notarial

Incluso en los actos donde hoy existe intervención notarial, buena parte de esas funciones podrían simplificarse drásticamente. El mejor ejemplo es el inmobiliario. La ley exige dos pasos para transferir un inmueble: la escritura pública ante notario y la inscripción en la Oficina de Registro. Pero lo que de verdad da seguridad jurídica —lo que hace el negocio oponible a terceros, lo que arma la cadena de tradición de un predio, lo que un comprador consulta antes de poner su plata— vive en el registro, no en el ritual previo del sello notarial. La escritura es obligatoria no porque sea técnicamente indispensable, sino porque la ley decidió conservar ese paso. Y esa es precisamente la decisión que habría que reformar: que el registro cargue con toda la seguridad jurídica y se prescinda del peaje notarial previo. ¿Por qué exactamente una persona debe pagar millones a un notario por un trámite cuyo verdadero valor jurídico sólo se consuma cuando llega al registro estatal? Es grasa jurídica premium.

Frente 3: incorporar tecnología y competencia real

Mientras Colombia sigue enamorada de la fotocopia autenticada, el mundo firma contratos multimillonarios con firmas digitales, biometría, trazabilidad electrónica, DocuSign y validación criptográfica. La tecnología ya resolvió gran parte del problema hace años. Lo que mantiene vivo al sistema notarial no es la necesidad técnica, es la resistencia burocrática a perder el monopolio de la confianza.

Cierre

La tragedia de las notarías no es el trámite. Es la filosofía que las soporta. A diferencia de las cajas de compensación y las cámaras de comercio, las notarías no las vamos a eliminar simplemente con decisión política. Adicional a la política, vamos a necesitar tecnología y cultura para erradicarlas. Las notarías están arraigadas en la idea dañina que la confianza le pertenece al Estado. Que la palabra del individuo vale menos que un sello administrado por un tercero autorizado políticamente.

En el fondo, las notarías son un monopolio sobre la confianza. Pero todos los monopolios artificiales terminan cayendo. Los medios perdieron el monopolio de la opinión, para eso tenemos podcasts, substacks y videos en Youtube. Las universidades perdieron el del conocimiento, para eso está el internet y la IA. Los bancos centrales están empezando a perder el del dinero absoluto ante Bitcoin. Y tarde o temprano, las notarías perderán el monopolio estatal sobre la validación entre particulares.

Porque la tecnología y las relaciones libres entre individuos terminarán recordándonos algo profundamente incómodo para el poder burocrático: que los ciudadanos adultos no necesitamos permiso institucional permanente para actuar legítimamente.

Por eso esta serie. Por eso esta batalla cultural

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