Campeones de la Grasa II - Las cámaras de comercio
Siguiendo con la serie Campeones de la Grasa, vamos hoy a relatar la historia de las cámaras de comercio. Son entidades que representan de manera clara nuestra colombianidad. Porque hay pocas cosas más colombianas que un gremio quebrado convirtiendo su problema de caja en obligación legal para todo el país. Así nacieron las cámaras de comercio modernas. No nacieron de la competencia, sino del privilegio.
A diferencia de las cajas de compensación familiar, las cámaras de comercio son más elegantes, se mueven siempre en el mundo de los empresarios, las reuniones VIP y los cocteles refinados. Si en los parques recreativos de Comfama hay bandeja paisa, en la Cámara de Comercio también hay bandejas, pero son de plata y llenas de suntuosos canapés.
Las cámaras no descienden de ningún linaje noble del comercio, descienden de un gremio que se quedó sin presupuesto y resolvió su crisis de caja acudiendo al gobierno de turno. Como buen gremio colombiano, no les gusta mucho competir, pero sí mucho legislar y cooptar. Pidieron que el registro mercantil —hasta entonces voluntario— se volviera obligatorio para todas las empresas y comerciantes. El Estado, fiel a su instinto, dijo que sí. Y el resto es la factura costosa que todo empresario o comerciante paga cada marzo cuando renueva su matrícula mercantil.
El origen
Como siempre con estas entidades, la historia empieza bonita. El 6 de octubre de 1878, un grupo de comerciantes bogotanos se reunió a fundar la Cámara de Comercio de Bogotá. Lo hicieron con el más noble propósito de todos que es el de defenderse del Estado. Necesitaban protestar contra los altos gravámenes e impuestos de importación y tener una voz gremial frente al Gobierno. Era una asociación voluntaria, de pura iniciativa privada. El mercado funcionando y la sociedad civil organizándose sin pedirle permiso a nadie.
Años después, el Estado las convirtió en “órganos oficiales del comercio” y “cuerpos consultivos”. Es decir, lo que nació como gremio independiente fue absorbido, poco a poco, por la órbita estatal. Durante décadas, el registro mercantil era puramente voluntario. Las cámaras se financiaban en parte con partidas del presupuesto estatal que el Gobierno les giraba. Hasta que, en 1919, el Gobierno dejó de girar esas partidas. Años después, nació el peaje que tenemos hoy. La Ley 28 de 1931 convirtió el registro mercantil en obligatorio y delegó su administración a las cámaras de comercio. No contentos con eso, y muchas décadas después (en 1971), el código de comercio en su artículo 33 incorporó la obligatoriedad de renovar la matrícula mercantil cada año. Desde entonces tenemos institucionalizado un peaje en tres capas:
una empresa cuando se crea se obliga a pagar para inscribir su registro mercantil.
Cada año debe renovar su matrícula mercantil y pagar una tarifa que depende del nivel de activos de la empresa.
Cada 30 días, para cualquier diligencia debe sacar el Certificado de Existencia y Representación legal.
El Estado ya sabe que existimos (y ya pagamos por ello)
Igual que con las cajas de compensación nos centramos en la obligatoriedad del “aporte” del 4%, aquí el eje es el cobro coaccionado del registro mercantil y su renovación. Es a partir de ese cobro soportado por la Ley que las cámaras montan todo un andamiaje empresarial para luego justificarse ante sus “afiliados” con un listado enorme de servicios que muy pocos pidieron. De eso se trata este texto: de mostrar cómo un cobro que nadie eligió se convierte en un imperio que nadie pidió. O dicho de forma más coloquial: estas entidades no cobran porque prestan servicios. Es al revés. Prestan servicios porque ya cobraron, y necesitan justificar su existencia.
El Estado recaudador ya conoce perfectamente la condición económica de sus mal llamados “contribuyentes”. En Colombia, cada uno está identificado con un Registro Único Tributario (RUT), que no es un simple número: contiene la razón social, el NIT, el domicilio fiscal, el código CIIU de la actividad, las responsabilidades tributarias, la representación legal y hasta los establecimientos de comercio. Y gracias a su primo, el RUB (Registro Único de Beneficiarios), el Estado ya sabe quiénes son los dueños. Ya el Estado sabe perfectamente quién es usted, dónde está, a qué se dedica, qué declara y quién responde.
Y no solo lo sabe. El contribuyente declara renta cada año, más retefuente, IVA, patrimonio y demás. Si el Estado ya tiene la radiografía completa y, encima, el paciente paga la consulta, no hay nada que volver a registrar. Ya se desnudó, ya le tomaron la placa, ya le leyeron los resultados. Y sin embargo, al salir, una segunda clínica —privada, pero parada en la única puerta de salida— le exige tomarse otra vez la misma radiografía, sellarla y pagarla. Cada año. Eso, ni más ni menos, es la matrícula mercantil.
La estafa conceptual es que nos venden, como servicio, el permiso de demostrar algo que el Estado ya validó —fáctica y económicamente— por la vía tributaria.
Que hacen las cámaras de comercio
Si uno les pregunta, las cámaras no se presentan como lo que son: recaudadoras de peajes legalizados. Ellas se autodenominan guardianas del orden mercantil. Dicen que su función esencial es darle seguridad jurídica al comercio y que el registro público permite saber quién es quién, quién representa a cada empresa, quién está activo y quién disuelto. Administran —por delegación del Estado— el registro mercantil, la renovación anual de la matrícula, el de proponentes para contratación estatal, el de entidades sin ánimo de lucro y el Registro Nacional de Turismo; expiden (y cobran) los certificados que dan fe de todo ello. Todo, sostienen, en nombre de la confianza empresarial.
Pero eso, según ellas, es apenas la base. El verdadero relato es el del aliado del empresario. Administran centros de arbitraje y conciliación que descongestionan la justicia, dictan capacitaciones, organizan ferias y ruedas de negocios, producen estudios económicos y operan los Centros de Atención Empresarial que —afirman— formalizan al informal y crean empresa en días. Se presentan, en suma, como el motor silencioso del “ecosistema empresarial”. Y rematan con su frase favorita, la que lo justifica todo: que el cien por ciento de lo recaudado por el registro se reinvierte en el sector empresarial. Usted no paga un impuesto —le dirán—; usted fortalece el tejido productivo del país.
Bellísimo poema. Casi me convencen que soy su cliente.
Los números dicen otra cosa
Las cámaras de comercio nos recitan sin cesar todos esos poemas de valor que le generan a los empresarios y comerciantes. Sin embargo, la malicia indígena nos induce a pensar que, si tuviéramos que pagar por todo eso voluntariamente, la mayoría diríamos “no, gracias”. Pero, como no nos lo van a preguntar, mejor miremos los números: ellos sí revelan lo que los poemas no recitan.
Tomo como ejemplo la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (CCMA) que es la que tenemos en nuestra ciudad. Y también lo hago por pura economía personal: como en el primer episodio ya me eché encima a Comfama, prefiero concentrar toda mi colección de enemigos burócratas en Antioquia y no andarla regando por todo el país. Uno tiene que ser eficiente hasta para hacerse enemigos.
Ingresos
En los Estados Financieros Separados del año 2025*, vemos que los ingresos de la CCMA fueron 184.745 millones de pesos. Ellos mismos, en su nota financiera No. 23 nos desglosan esos ingresos. Yo le agrego la última columna para mayor claridad y en el lenguaje que explica claramente.
(*): Fuente: https://www.camaramedellin.com.co/transparencia/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion-presupuesto-e-informes. En el numeral 4.3 de ese link se accede a los Estados Financieros Separados y a los Estados Financieros Consolidados de la CCMA.
Nótese que viven en un 85% de los peajes que nos cobran a la fuerza. Demoledor.
Y de esos peajes, el más grande de todos, el de la renovación de las matrículas mercantiles en cada marzo, son 131.149 millones, es decir el 71 % del total de ingresos. Y el famoso peaje de los certificados de existencia y representación, eso que vale “apenas” doce mil pesos cada vez que nos toca pedirlo cada 30 días, suman 6.516 millones de ingresos en el año. No sorprende, o bueno sí, que la CCMA genera muchos más ingresos sacando certificados de existencia que con los servicios profesionales de abogados muy competentes en procesos de conciliación y arbitraje.
Los servicios institucionales, apenas el 2%, son la única cifra honesta de la tabla. Es lo que la gente paga por servicios de conciliación y arbitraje, principalmente. Es lo que la gente paga libremente por contratar un servicio.
¿Y el 13% de servicios empresariales? Antes de aplaudir, vemos que la mayor parte de este rubro son los ingresos recibidos por convenios con otras entidades del Estado. No son clientes haciendo fila. Es el Estado pagándole al casi-Estado con plata de todos. No es el mercado validando a la Cámara. Es tocineta cocinándose en su propia grasa.
Egresos
En su nota 24 nos muestra que básicamente se gastan todo lo que ingresa. El rubro de personal es bien abultado con 70.681 millones, seguido de honorarios por 33.061 millones, contribuciones y afiliaciones por 29.358 millones. Luego siguen otros rubros hasta totalizar 183.123 millones, es decir el 99% de los ingresos. Claro, nos van a decir que todos esos gastos son necesarios para prestar los servicios que requiere el empresariado. Y tendrían razón a medias. El problema no es que gasten, es que gastan porque tienen de donde, no porque alguien se los pidiera. Cuando el ingreso está garantizado por ley, los gastos no se ajustan a la demanda sino al presupuesto y crecen hasta consumir todo lo disponible. La diferencia con cualquier empresa es brutal. La empresa que se gasta el 99% de lo que factura quiebra si el cliente se va, pero aquí tienen una pequeña ventaja. El cliente no se puede ir.
Activos
La CCMA es una entidad con activos de 553 mil millones al cierre de 2025. Llama la atención que tienen un componente de activos altamente líquidos parqueados en instrumentos financieros. En efectivo y equivalentes tienen 49 mil millones y en activos financieros (CDT´s y títulos de deuda) otros 124 mil millones. Es decir, estos dos rubros son el 31% de los activos. Que delicia tener uno su empresa con 31% del capital disponible para cualquier cosa y saber que no tengo que salir a cazar y competir por los clientes. Así cualquiera, es como cazar en un zoológico.
Como se gastan todo lo que cobran (a la fuerza casi todo), son los activos financieros, más los ingresos por participación en otras entidades lo que generan finalmente unos excedentes importantes. Los llaman “Excedente neto resultado integral del periodo”, un total de 52.779 millones en 2025 (y 41.929 millones en 2024).
El Conglomerado
La CCMA tiene inversiones no controlantes en entidades como Konfirma, Corferias, Plaza Mayor, Certicámaras, entre otras. Pero, su inversión más importante es una participación controlante en FGA Fondo de Garantías S.A. donde tiene el 53.35% de participación. Esa sola inversión, obliga a la CCMA a emitir Estados Financieros Consolidados. Es tan importante esa inversión, que la CCMA pasa de 553 mil millones en activos (EE.FF Separados) a 1.08 billones (EE.FF Consolidados). Esa inversión le duplica el tamaño a CCMA.
FGA es un fiador institucional que respalda créditos que otorgan terceros en consumo, libranza, libre inversión, educativo y microcrédito, y también garantías de arrendamiento. FGA tuvo ingresos por 712.668 millones en 2025 (Nota 29 EE.FF Consolidados). Es decir, FGA genera casi 4 veces los ingresos de la CCMA, y ésta es dueña de más de la mitad de la empresa. FGA es un negocio legítimo, regulado, que compite en su mercado, y su propiedad es mixta —adicional a la CCMA, también son socios la ciudad y el Gobierno nacional—. Su facturación no sale del bolsillo del comerciante que renueva la matrícula. Pero, el origen de esa participación controlante de la CCMA en FGA es el uso del excedente. Fue con la plata acumulada durante décadas —cuya fuente principal es el registro forzoso como ya demostramos— que la CCMA, entidad “sin ánimo de lucro” financió y consolidó el control en una empresa comercial de garantías.
Y ahí está el punto que cierra el círculo de toda esta historia. Lo que empezó, en 1931, como la solución de tesorería de un club privado, terminó casi un siglo después convertido en una corporación que le cobra a cada empresa y comercio obligatoriamente por nacer, por seguir vivo cada año y por demostrar su existencia cada treinta días, y que con ese generoso excedente construyó todo un andamiaje empresarial bien exitoso y boyante.
El peaje no se quedó en peaje. El peaje formó conglomerados. La cámara no es solo burocracia, es acumulación de capital vía obligatoriedad.
Contraargumentos
A pesar de todo el acervo anterior, los defensores de las cámaras de comercio seguramente van a esgrimir tres argumentos principales:
Argumento 1 — “En todos los países cobran por renovar la matrícula”:
Que sea común no lo vuelve justo. Además, es falso. En medio mundo el registro lo lleva directamente el Estado, con tarifa fija y sobre todo modesta, y con consulta gratuita. Lo raro es un monopolio privado que cobra duro cada año y según los activos de quien renueva la matrícula.
Argumento 2 — “Se necesitan las cámaras para registrar libros, actas y capitalizaciones”:
El propio Estado ya los desmontó: desde 2012 los libros de contabilidad ni se registran. Quedan dos, y son trámites por acto y una sola vez. Necesitar un registro no es necesitar a las cámaras pues eso lo haría cualquier plataforma estatal. Esos cobros esporádicos no justifican el peaje anual obligatorio y mucho menos semejante aparato burocrático.
Argumento 3 — “La DIAN no reemplaza la función mercantil frente a terceros”:
Que terceros necesiten información societaria no implica que tenga que existir un monopolio privado anualizado sobre esa información.
Cierre
Aquí está el verdadero campo de batalla. Estas entidades no se sostienen por la fuerza de la ley, sino por la fuerza de una idea. Aquella idea que nos lleva a pensar que pagar por existir es normal, incluso noble. Esa es la grasa más difícil de quemar, la mental. Por eso esta serie no busca una reforma, busca un cambio de mirada. El día que el colombiano deje de sentirse “contribuyente agradecido” y empiece a sentirse simplemente obligado, habremos empezado a ganar la batalla cultural.
Acabar con esas entidades es el final. Dejar de creerles es el principio. Yo, por lo pronto, no pido permiso para criticarlas.
Los invito a visitar nopidopermiso.com, donde la libertad no se negocia.





Está edición me dejó más preocupado que la anterior. Especialmente con la relación patrimonio - renovación anual. Imagino que un cambio en la legislación implica un trámite que difícilmente se dará. Gracias Nico por hacerlo visible
qué hacemos con las emisoras?