Campeones de la Grasa I - Las cajas de compensación familiar

A partir de este texto, voy con una serie de cuatro (4) escritos sobre unas entidades que nos corroen la libertad económica de forma cotidiana. Entender las dinámicas y la forma como el Estado nos engaña a través de estas entidades hace parte crucial de la batalla cultural por las ideas de la libertad. La serie inicia con las mal llamadas Cajas de Compensación, seguirá con las Cámaras de Comercio, luego las Notarías, y cerrará con un compendio de varias otras instituciones. A todas ellas les fascina vivir como Oscar… de la renta.

El denominador común de todas estas instituciones es estructural, no anecdótico. Viven de cobrar obligatoriamente por servicios que casi nadie pidió, gracias a un marco legal que el Estado diseñó, impuso y protege. Y cumplen una función ideológica precisa: alimentar la ficción de un Estado omnipresente y benefactor, cuando en realidad son entidades cuasi privadas que viven de la coerción estatal sin asumir los costos de competir en el mercado. El Estado obliga, ellos pasan la factura y el ciudadano paga. Y lo triste es que después de pagar, el ciudadano aplaude.

Lo primero en esta batalla cultural es reemplazar esos aplausos por preguntas.

Origen de las cajas de compensación familiar (CCF)

En 1954, en Medellín, la Andi y la UTC pactaron un experimento social: las empresas, voluntariamente, aportarían el 1% de su nómina para entregar un subsidio a los trabajadores con hijos. Nació Comfama, con 46 empresas afiliadas. Iniciativa privada pura. Y entonces llegó el Estado. En 1957, la Junta Militar expidió el Decreto 118. Lo voluntario se volvió obligatorio, el 1% se cuadruplicó al 4%, y la iniciativa empresarial se transformó en parafiscal coercitivo.

Después vino la avalancha legal. La Ley 21 de 1982, la Ley 789 de 2002 y el Decreto 1072 de 2015 fueron añadiendo, una tras otra, funciones, sectores y recursos: salud, vivienda, EPS, crédito, subsidio al desempleo. Cada norma sumó privilegios y ninguna restó. Y Asocajas, el gremio que las agrupa, les hacía el lobby en el Congreso.

Hoy, todo empleador está obligado a girar mensualmente el 4% del salario de cada trabajador a una caja. Esos “aportes” sumaron casi 13 billones de pesos en 2024, según Asocajas. En estas décadas de aportes asegurados, las CCF han construido supermercados, droguerías, bibliotecas, clínicas, parques de recreación y hasta fondos de venture capital. Toda una red de activos que les genera ingresos importantes, adicionales al peaje obligatorio.

Y por si fuera poco, cada caja tiene asignado su pedazo del mapa colombiano, donde opera sin competencia real. En Antioquia: Comfama o Comfenalco Antioquia. En Bogotá: Compensar, Colsubsidio o Cafam. El trabajador no escoge, el empleador apenas escoge entre dos o tres alternativas locales, y las cajas tienen prohibido por ley competir entre departamentos.

Las estafas lingüísticas

Son tantas las trampas, que empiezo por el lenguaje. Identifico tres principales.

Trampa 1. El sistema arrancó mal. El nombre “compensación” ya traía el veneno inicial. “Compensar” supone un agravio previo y una víctima a la que se le restituye algo. Pero aquí no hay víctima ni agresor. Sólo hay un trabajador que produce, un empleador que le paga, y un Estado que decide —sin preguntarle a nadie— que parte de esa relación libre debe pasar por un peaje obligatorio administrado por terceros. Llamar a eso “compensación” es la primera victoria cultural del modelo. Hacen creer que al ciudadano lo están reparando, cuando en realidad lo están gravando.

Trampa 2. La elegancia burocrática colombiana dio pie para una de las mayores estafas semánticas de nuestra historia: la “afiliación obligatoria” o el “aporte obligatorio”. Afiliación y aporte suponen discrecionalidad; lo obligatorio se la quita. Es como decir “voluntariamente obligatorio”.

Trampa 3. Tal vez la más sutil, pero la más poderosa. Nos repiten sin cesar: “aportes que paga el empleador”. Mentira de tamaño astral. El hecho que el empleador gire el cheque no quiere decir que él pague el costo. Es la diferencia, elemental en cualquier libro de economía, entre quien firma el cheque y quien soporta el costo. Cuando una empresa contrata, no piensa en “salario más prestaciones más parafiscales” como categorías separadas, piensa en costo laboral total. Si ese costo total cabe en su presupuesto, contrata. Si no, no contrata. El 4% del parafiscal hace parte de ese costo total, y por lo tanto sale directamente del bolsillo de lo que podría haber sido salario nominal del trabajador. El día que el trabajador colombiano entienda que ese 4% es suyo —no del jefe, no del Estado, no del “sistema solidario”— el modelo entero pierde su justificación moral.

A la trampa 3 normalmente responden que, si se eliminaran los aportes, no existe garantía que ese 4% termine convertido en salario. Curioso argumento para organizaciones que viven precisamente de mecanismos obligatorios creados por ley. Si el problema fuera realmente garantizar que el trabajador conserve ese ingreso, bastaría con acompañar la eliminación del aporte con una obligación equivalente de incremento salarial.

O si no lo creen, sometamos a plebiscito nacional la siguiente pregunta: “¿Está Usted de acuerdo en eliminar los aportes obligatorios a las cajas de compensación y que ese mismo aporte se convierta en incremento salarial obligatorio?” A que no adivinan quienes serían los opositores.

A justificar lo injustificable

Adicional a las estafas semánticas, los defensores de las CCF apelan a un arsenal de argumentos para justificar su existencia. Los más repetidos:

Argumento 1: Somos más eficientes que el Estado. Probablemente sea cierto. Pero el argumento confunde eficiencia con legitimidad. Que una organización administre mejor unos recursos no responde la pregunta de fondo: cómo obtuvo esos recursos en primer lugar. La verdadera discusión no es la calidad de la administración, sino la naturaleza obligatoria del cobro.

Argumento 2: Mejoramos la sociedad, y eso le conviene a todos. Si este argumento fuera válido, justificaría cualquier impuesto. “Yo le cobro el 4%, pero mejoro la sociedad”. Si compramos esa lógica, ¿por qué únicamente el 4%? ¿Por qué no el 10%? ¿Por qué no el 30%? Es la coartada eterna del paternalismo estatal, sólo que aquí se privatiza.

Argumento 3: Sin las CCF se afecta la vivienda, la salud y la recreación. Típico chantaje del rentista: si tocan el 4%, se cae el cielo. No se cae el cielo. Se cae la caja, que es distinto. Eliminado el 4%, no desaparecen ni la vivienda, ni la salud, ni la recreación: aparecen mercados competitivos ofreciéndolas, financiados por trabajadores que ahora sí tienen ese 4% en su bolsillo para escoger libremente qué consumir.

Argumento 4: Tenemos códigos de buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas. La carta final del rentista. “Sí, el 4% es obligatorio, pero miren con qué profesionalismo lo administramos”. Ningún código de ética firmado por Ernst & Young convierte una expropiación en donación.

Los invito a ver la entrevista del Gerente de Colsubsidio. Más que una entrevista, es una revelación. Genuinamente están convencidos que hacen el bien, sólo que no mencionan mucho que lo hacen con dinero ajeno.

La falsa eficiencia

De todos los argumentos, me tomé el trabajo de mirar la llamada eficiencia que tanto pregonan. Tomé como ejemplo a Comfama, la entidad más famosa en esta tierrita. Como se ve en la tabla a continuación*, en 2025 tuvo ingresos totales por $2,68 billones, mientras que los costos y gastos por prestación de servicios fueron de $1,21 billones. Adicionalmente, en gastos administrativos suman $0,21 billones. Seguramente mejor que el Estado, pero no es precisamente una oda a la eficiencia.

Y es que es obvio. Un aparato burocrático con casi 7.000 empleados, cientos de puntos de atención, filiales corporativas, consejeros directivos, comités asesores, foros de estrategia y de negocios, auditoría interna, secretaría general y miles de proveedores es, por definición estructural, un campeón de la grasa. No por culpa de nadie en particular. Porque toda organización que crece sin tener que competir, sin tener que ganarse a su cliente, sin tener que pagar el impuesto de renta que sí pagan sus competidores privados, engorda por inercia, no por mérito. Es una ley física del rentismo. Es como la gravedad o el magnetismo. Cuando el ingreso está garantizado por ley, la organización deja de organizarse para servir y empieza a organizarse para sostener su propio peso.

*Cabe anotar que adicional a los $2,68 billones, Comfama tiene participaciones en CESDE, Clínica Zona Franca de Urabá, Cosmo Education y Comfama Ventures. Al consolidar, los ingresos pasan a $2,99 billones y los empleados a casi 9.000. Las cifras mostradas arriba son sin consolidar, de allí el nombre “Estado de resultados integrales separado”. Estados financieros completos disponibles aquí.

La pregunta que nunca responden

Viene la ñapa. La pregunta que las CCF nunca responden es: ¿qué porcentaje de sus afiliados no utiliza sus servicios? Esta pregunta es clave porque revela realmente quien subsidia a quien. Tratando de responder esa pregunta, llegué a este descubrimiento.

El objetivo central de las cajas, y de allí su nombre, es “compensar”. Y ello nació con un subsidio familiar. En 2026, en Antioquia el subsidio que recibe el “afiliado” es de $73.152 por hijo al mes, y sólo los empleados hasta 4 SMMLV tienen derecho. Miremos el siguiente cuadro:

Mirando la última columna vemos lo siguiente. Para que el aporte iguale al subsidio recibido, un trabajador con salario mínimo necesita 1 hijo. Con 2 salarios mínimos, casi 2 hijos. Con 3 salarios mínimos, casi 3. Con 4 salarios mínimos, casi 4 hijos. Y arriba de 4 salarios, el trabajador aporta y no recibe nada. Es ahí donde las CCF hacen su arbitraje legalizado. Ellos lo llaman “redistribución solidaria”. A mí me gustan los nombres más precisos y lo llamaré expropiación administrada. Hay tres grandes grupos de empleados que aportan a las CCF y no reciben subsidio:

1. Los que no tienen hijos.

2. Los que tienen menos hijos que el número de salarios mínimos que devengan (ejemplo: el que gana 3 SMMLV y tiene 1 hijo).

3. Los que ganan más de 4 salarios mínimos.

Volviendo a Comfama, del total de sus ingresos, $1,87 billones corresponden a los “aportes”, y sólo entregó $0,681 billones en subsidios familiares. Es decir, Comfama sólo entrega en subsidios el 36% de lo que recibe en aportes. ¿Quién subsidia realmente a quién? La respuesta es clara: un grupo de trabajadores subsidiando a otro más minoritario.

Claro, nos sacarán una lista enorme de cosas adicionales que hacen por los trabajadores: cursos de croché, gimnasia acuática, cocina ancestral, créditos de vivienda y servicios de salud. Lo que no dicen es que lo hacen con recursos sin costo financiero, obtenidos coercitivamente y protegidos por la ley.

Y el lector inquieto podrá agregar: “encima se están beneficiando de la caída en la natalidad: cada vez hay menos hijos, menos subsidios para entregar”. Tiene razón el lector. Si en 1960 teníamos un promedio de casi 7 hijos por mujer, y hoy es menos de 2, ¿no tendría sentido bajar el aporte del 4% al 1%? Elemental justicia, ¿no?

Comfama: Compadrazgo Familiar

Durante toda esta investigación, me encontré una situación que me parece toda una alabanza al “buen gobierno”. El 19 de marzo de 2025, en una asamblea extraordinaria, Comfama propuso a sus “afiliados” reformar el artículo 18 de sus Estatutos para bajar el quórum exigido para futuras reformas estatutarias. La excusa, en sus propias palabras: “… la exigencia actual de contar con el 60 % de la totalidad de los votos de todos los afiliados para cualquier reforma sea excesivamente gravosa”. La administración de Comfama admite que es prácticamente imposible reunir a sus “dueños” para tomar decisiones estructurales. ¿Su solución? Sencillo. Bajar el umbral democrático.

La confesión se lee en las páginas 10 y 11 de su asamblea:

Si les da pereza leerlo, se los traduzco: “A los empleadores los llamamos afiliados por cariño. En realidad, sólo necesitamos recaudar lo nuestro, gracias a que la ley nos lo permite. Pero eso de tener que convocar al 60% a una asamblea nos parece muy tedioso. Por eso, queridos asambleístas, en nombre del buen gobierno, les tenemos la solución: no vengan”.

Ahora bien, puede haber explicaciones más razonables. Por ejemplo, que una organización de este tamaño considere riesgoso quedar expuesta a capturas políticas o a eventuales intentos de intervención estatal. Es una preocupación legítima. Pero si esa es la razón, entonces debería decirse abiertamente. No esconderse detrás de un argumento técnico perdido en las páginas 10 y 11 de un informe que casi nadie leerá.

Y aquí aparece una segunda pregunta interesante. ¿Cuántos artículos de prensa cuestionaron esta propuesta? Yo no encontré uno solo. Después de setenta años de existencia, el rentismo institucional colombiano no solo perfeccionó el cobro obligatorio. También perfeccionó algo igual de importante: la capacidad de pasar desapercibido. No porque exista una conspiración. Simplemente porque el modelo está diseñado para no generar controversia.

Y vaya si funciona.

Cierre

La discusión no es si las CCF prestan servicios o si lo hacen de forma eficiente. Obvio que los prestan, y vimos que no tan eficientemente como pregonan. Pero todo ello lo hacen porque el Estado nos obliga, no porque libremente se los estemos solicitando.

No es solidaridad: es coerción disfrazada de virtud. No es justicia social: es expropiación administrada. No es protección al trabajador: es captura de parte de los salarios por unas entidades que se autodenominan benefactoras. La libertad económica no es un capricho ideológico. Es el derecho fundamental del individuo a decidir qué hacer con el fruto de su trabajo.

Por eso esta serie. Por eso esta batalla cultural

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